Un tribunal de Murcia reconoce el derecho de un ciudadano a cobrar los intereses de demora junto a la indemnización por el robo de su coche, estableciendo que no existía causa válida para posponer el pago y reforzando el deber de las aseguradoras de atender puntualmente sus obligaciones contractuales.​

Robo del vehículo y conflicto con la indemnización

Tras la denuncia en diciembre de 2009 y la negativa inicial de la aseguradora a abonar la indemnización, comenzó un proceso judicial para exigir el cumplimiento del contrato y el pago de los daños conforme al valor venal tasado. La sentencia de primera instancia reconoció el derecho al cobro, rechazando hipótesis alternativas como el robo simulado.​

Reclamación judicial y fundamentos de la condena

El tribunal considera que las sospechas aportadas por la compañía carecían de base probatoria sólida y no justificaban el retraso. Destaca que no se puede exonerar del pago de intereses moratorios en virtud del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro si la aseguradora no acredita una causa razonable y fundamentada para la demora.​

Cómo se calculan los intereses de demora

La Ley de Contrato de Seguro establece un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en un 50% durante los dos primeros años, y del 20% anual si el pago se retrasa más allá de ese período. La sentencia aplica estos criterios por cuanto el pago del importe mínimo no se efectuó en el plazo de cuarenta días siguiente a la comunicación del siniestro.​

Alcance y límites de la condena

El fallo rechaza que cuestiones como la situación económica del reclamante, incoherencias en su relato o deudas pendientes sean relevantes para negar la indemnización, al no tener relación directa con el robo denunciado ni existir fraude probado. Mantiene la estimación parcial, no imponiendo costas de la apelación ni de primera instancia.​

La sentencia consolida el derecho de los asegurados a percibir la indemnización y los intereses legales ante la demora injustificada en el pago por parte de la aseguradora, mostrando la relevancia de acudir a la vía judicial para exigir el cumplimiento del contrato cuando no se recibe respuesta en los plazos legalmente establecidos.​