El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha ordenado al Gobierno autonómico indemnizar a una paciente con 23.680 euros tras contagiarse de Hepatitis C durante una resonancia con contraste en un hospital público. Esta resolución incrementa en 5.000 euros la cantidad inicialmente reconocida en vía administrativa, reconociendo no solo los daños físicos, sino también el sufrimiento, la incertidumbre y las restricciones en la vida personal de la afectada.

Sentencia judicial y argumentos clave

La Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Aragón consideró probado que la infección se produjo por mala praxis hospitalaria, atribuyendo el contagio a fallos en la manipulación o protocolos de seguridad, y que este incidente no debería haber ocurrido si se hubieran seguido correctamente los procedimientos establecidos.

Detalles del contagio y tratamiento

La paciente, tras someterse a una RMN con contraste, pasó por una hospitalización de 10 días y posteriormente recibió tratamiento y controles durante más de 300 días hasta la desaparición de la carga viral. A pesar de estar actualmente curada, debe continuar con vigilancia médica trimestral y enfrenta incertidumbres respecto a su salud futura y calidad de vida.

Reclamación y procedimiento administrativo

La afectada reclamó a la administración una indemnización de más de 68.000 euros por diversos conceptos de daños físicos y morales. Inicialmente, el gobierno autonómico concedió solo 18.680 euros, cifra que la paciente recurrió ante los tribunales.

Aumento de la indemnización: daños morales

El tribunal añadió 5.000 euros a la indemnización, considerando justificado compensar los efectos psicológicos y las restricciones personales derivadas de la vivencia de la enfermedad, como el temor a una recidiva y la necesidad de controles frecuentes, que afectan la calidad de vida de la paciente incluso tras su recuperación física.

Conclusión

Este fallo refuerza la relevancia de la responsabilidad patrimonial de la administración frente a errores sanitarios, y pone de manifiesto la importancia de los protocolos y su cumplimiento en la sanidad pública. Sentencias como esta abren la puerta a que otras víctimas puedan ver reconocidos no solo los daños físicos, sino también el impacto emocional que dejan estas situaciones.