El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón ha estimado parcialmente la reclamación de un ciudadano que sufrió una grave caída mientras practicaba ciclismo en Villanueva de Gállego. El Ayuntamiento deberá indemnizarle con 10.000 euros por las lesiones derivadas del accidente, causado por el mal estado del pavimento. No obstante, la Sala ha apreciado concurrencia de culpas entre el afectado y la administración local, ajustando la responsabilidad al 50%.

Un pavimento en mal estado y sin señalización

El suceso se remonta a agosto de 2021, cuando tres ciclistas circulaban por una calle del citado municipio. La vía presentaba una depresión longitudinal e irregular generada por una mala compactación del asfalto, que provocó la caída en cadena del grupo. El demandante impactó contra una bicicleta y sufrió heridas severas en el rostro, fracturas nasales y cortes profundos que requirieron atención médica inmediata.

Según consta en la resolución del TSJ, el firme se encontraba visiblemente deteriorado y carecía de señalizaciones que advirtieran del riesgo, a pesar de que el Ayuntamiento era plenamente consciente del problema. El Tribunal ha recalcado que “la falta de advertencia sobre un peligro notorio vulnera el deber de mantenimiento y prevención que corresponde a las entidades locales”.

Concurrencia de culpa y responsabilidad compartida

La Sala recuerda que, conforme a los artículos 25.2.d) y 26.1.a) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Ayuntamiento es responsable del estado y conservación de las calzadas y aceras. Sin embargo, el deber de mantenimiento no puede considerarse absoluto: debe ponderarse con la obligación ciudadana de actuar con prudencia y autoprotección.

En este caso, el TSJ señala que el ciclista circulaba a una velocidad de 32 km/h, considerada elevada para la vía y su evidente deterioro. Por ello, el Tribunal fijó una indemnización global de 20.000 euros, pero aplicó una reducción del 50% por culpa concurrente entre el accidentado y la Administración, estableciendo como cuantía final los 10.000 euros.

La importancia de mantener las vías públicas en condiciones seguras

El fallo destaca la necesidad de que los ayuntamientos garanticen un nivel razonable de seguridad en las vías públicas y señalicen los tramos con riesgo. La resolución refuerza la doctrina sobre la responsabilidad patrimonial de las administraciones por omisión de mantenimiento cuando se acompañe de falta de señalización del peligro.

Este pronunciamiento del TSJ de Aragón se suma a la creciente jurisprudencia que delimita con precisión los supuestos de culpa compartida en accidentes ocurridos en espacios públicos, equilibrando el deber municipal de conservación con el principio de autoprotección del ciudadano.