La empresa que impulsa la Superliga ha activado los pasos previos a una demanda judicial por daños y perjuicios contra la UEFA, a la que acusa de abusar de su posición de dominio en las competiciones europeas de clubes. La reclamación se apoya en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró contrarias al Derecho de la Competencia las normas que bloqueaban proyectos como la Superliga.

Origen del conflicto entre la Superliga y la UEFA

El proyecto de la Superliga nace como alternativa a las competiciones europeas tradicionales, promovido por una compañía que agrupa a varios grandes clubes. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2023 consideró que el sistema de autorizaciones y sanciones de la UEFA suponía un monopolio injustificado, obligando a abrir el mercado a otros organizadores que cumplan requisitos de transparencia e integridad.

Trámites para la reclamación de daños y perjuicios

La promotora ha iniciado los trámites previos de resolución de conflictos exigidos por la ley antes de acudir a los tribunales. El objetivo es obtener una indemnización millonaria por los perjuicios económicos derivados del bloqueo del proyecto y del mantenimiento de normas que, a su juicio, siguen limitando la entrada de nuevos operadores en el mercado europeo de competiciones de clubes.

Petición de reconocimiento de la Liga Unify

En paralelo, la empresa solicitó el reconocimiento de la Liga Unify, un nuevo modelo de competiciones europeas diseñado para ajustarse a la sentencia europea. Durante varios meses negoció con la UEFA aspectos como el formato del torneo, un sistema de gobernanza más moderno y una plataforma de streaming propia, pero las conversaciones terminaron sin acuerdo, reforzando la vía contenciosa.

Posición de los clubes y reclamaciones individuales

Junto a la acción de la promotora, los clubes que se consideren perjudicados por la situación pueden plantear reclamaciones económicas individuales por los daños sufridos. Estas posibles demandas añadirían presión sobre el modelo actual de competiciones europeas y podrían acelerar cambios en la gobernanza y en las reglas de acceso a los torneos continentales.