El Tribunal Supremo ha dictado sentencia condenando a Liberty Seguros y a la propietaria de un perro a indemnizar de forma solidaria con 23.953 euros a un menor, víctima de un grave ataque por parte del animal asegurado bajo una póliza de responsabilidad civil con Liberty Seguros. Este caso refuerza la importancia de disponer de un seguro de responsabilidad civil para mascotas, especialmente a la luz de las consecuencias legales y económicas que pueden surgir tras un accidente de este tipo.

Ataque y consecuencias legales

Los hechos ocurrieron una noche de verano, cuando el perro salió de la vivienda de su propietaria sin bozal y, al llegar al rellano del edificio, atacó al menor, provocándole lesiones por mordedura en el brazo izquierdo. Como resultado, el niño sufrió secuelas físicas que motivaron la reclamación por daños.

La madre, en representación legal del menor, interpuso demanda contra la dueña del animal y la aseguradora, reclamando cerca de 24.000 euros en concepto de responsabilidad civil extracontractual. Este tipo de reclamaciones por daños personales derivados de ataques de mascotas son cada vez más frecuentes y suelen resolverse judicialmente en función de la cobertura de la póliza y la responsabilidad demostrada.

Resolución judicial y responsabilidad de la aseguradora

En primera instancia, la condena recayó únicamente sobre la propietaria del perro, obligándola al pago de la indemnización, con intereses legales aplicables desde la presentación de la demanda. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Málaga modificó la sentencia, sumando a Liberty Seguros como responsable solidaria del pago, aunque la aseguradora quedó exonerada de abonar los intereses contemplados en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, puesto que no fueron solicitados expresamente en el recurso de apelación.

Recurso de casación y normativa aplicable

La propietaria del animal recurrió la decisión, argumentando que su recurso incluía la solicitud de intereses y que, en cualquier caso, estos deben aplicarse de oficio según el artículo 20.4 de la Ley de Contrato de Seguro, sin la necesidad de una reclamación judicial específica.

Este caso pone de manifiesto la relevancia de una correcta interpretación de la ley en materia de seguros y la necesidad de asesoramiento jurídico especializado en reclamaciones y conflictos relacionados con pólizas de responsabilidad civil.