La Audiencia Provincial de Álava ha condenado a dos policías locales por un delito de lesiones, tras determinar que emplearon una violencia desproporcionada en la detención de un menor de 16 años. La sentencia, que incluye una indemnización de 4.380 euros a favor del joven, destaca que los agentes actuaron con una dureza “innecesaria y excesiva” durante la intervención.
Una persecución que terminó con lesiones físicas y psicológicas
Los hechos ocurrieron cuando los agentes ordenaron al joven detenerse por circular en patinete eléctrico en una zona peatonal. Lejos de obedecer, el menor emprendió la huida, lo que desencadenó una persecución de varios kilómetros. Los policías lograron interceptarlo y, según el fallo judicial, lo derribaron violentamente al suelo, presionando su cuerpo con brazos y rodillas mientras el chico gritaba pidiendo ayuda.
Esa intervención le provocó una fractura nasal y un trastorno adaptativo derivado del episodio, según el informe médico citado en la resolución judicial.
Los jueces critican la desproporción en la actuación
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial sostiene que, aunque los agentes tenían motivos para reducir al joven —pues se había dado a la fuga—, no era necesario emplear una fuerza de tal intensidad. El tribunal resalta que el menor mostró sumisión levantando las manos y se quedó quieto, lo que eliminaba cualquier riesgo que justificara un uso tan agresivo de la fuerza. Además, subraya que los policías no valoraron adecuadamente la diferencia física entre ambos —el menor era más bajo y de complexión delgada— antes de proceder.
En su fallo, la Audiencia recuerda que los funcionarios policiales deben actuar bajo los principios de proporcionalidad, necesidad y congruencia, incluso ante situaciones de resistencia o desobediencia leve.
Multa e indemnización conjunta
Los dos agentes han sido condenados como autores de un delito de lesiones, aunque se les aplica la eximente incompleta de cumplimiento del deber al haberse producido la actuación en el ejercicio de sus funciones. Cada uno deberá pagar una multa de 1.800 euros, además de indemnizar de forma conjunta y solidaria al joven con 4.380 euros por los daños físicos y psicológicos ocasionados.
Un recordatorio sobre el uso legítimo de la fuerza
Con esta sentencia, la justicia alavesa lanza un mensaje claro sobre los límites de la actuación policial: aun en contextos de persecución o resistencia, el uso de la fuerza debe ser siempre equilibrado y justificado. La resolución refuerza así la protección de los derechos de los ciudadanos, especialmente cuando se trata de menores de edad.